El permiso de residencia como familiar de ciudadano español y su permiso provisional de trabajo
En este artículo hablamos sobre uno de los principales fallos que tiene esta nueva figura del RD 1155/2024
RESIDENCIA COMO FAMILIAR DE CIUDADANO ESPAÑOL
Juan Camilo Rodriguez - Colegiado 653 ICA Lanzarote
1/20/20262 min leer
El nuevo régimen de Familiar de Español/a (RD 1155/2024) llegó como una medida esperada y necesaria. Sin embargo, en la práctica, nos enfrentamos a un cuello de botella crítico: la desconexión sistémica entre las Oficinas de Extranjería y el SEPE.
La normativa (Art. 97.6 RD 1155/2024) es clara y lógica: se concede un permiso de trabajo temporal mientras se resuelve el expediente, fijando un plazo máximo de resolución de 2 meses. Sobre el papel, el sistema debería funcionar.
Pero, ¿qué ocurre cuando esos 2 meses transcurren y no hay resolución? Entra en juego el silencio administrativo, dando lugar a un problema real: el SEPE interpreta este silencio (la falta de resolución en plazo) como la caducidad del permiso temporal. El resultado es insostenible, dejando al solicitante y al empleador en un absoluto limbo legal y laboral.
Es fundamental entender que el origen de este problema no es el funcionario público. Al contrario, suelen ser las primeras víctimas de un sistema estructuralmente saturado, con falta crónica de personal y, lo más grave, con herramientas de comunicación interadministrativa obsoletas.
El adversario es la burocracia ineficiente, no la persona detrás del mostrador.
¿La solución? pasa por la tecnología.
No se trata solo de más personal (que es necesario), sino de mejores sistemas.
Es urgente implementar una 'pasarela de datos' automática entre Extranjería y el SEPE (y si es posible entre todas las administraciones).
La lógica es simple: si un expediente sigue "EN TRÁMITE" en Extranjería, el permiso de trabajo asociado debería mantenerse VIGENTE de forma automática en las bases de datos del SEPE. Esto daría seguridad jurídica a todas las partes: EMPLEADOR y EMPLEADO.
No podemos permitir que la falta de coordinación digital frene la integración laboral y perjudique a las empresas. ¿Es hora de exigir una inversión real en la interoperabilidad entre administraciones para proteger eficazmente al ciudadano y al empleador?
La falta de comunicación entre los organismos de la Administración General del Estado suponen un perjuicio para todos los ciudadanos.
